El fenómeno okupa en España ya hace años que está dando muchos problemas a los propietarios de las grandes ciudades como Barcelona, Valencia o Madrid. En estás ciudades a causa de muchos factores hace que la vivienda sea poco accesible para muchas personas sobretodo a los más jóvenes que tiene unos ingresos precarios o nulos. Los llamados okupas son conocidos por instalarse en una vivienda ilegalmente y quedarse allí hasta que el propietario consigue echarlos mediante una orden judicial que suele tardar meses o incluso años.
Legalmente a día de hoy los okupas están muy protegidos por la ley dejando totalmente desprotegido al propietario dejándole la única opción de la vía legal que como hemos dicho mas arriba es un proceso judicial que tarda muchísimo. Normalmente el objetivo de los okupas son casas y pisos propiedad del banco que localizan mediante información disponible en los portales online que tienen las diferentes entidades bancarias a disposición del público. Una vez localizada la vivienda acceden cambiando las cerraduras y dando de alta los suministros de agua, luz y gas para poder hacer habitable la vivienda.
Uno de los recursos legales que utilizan los okupas es poner a su nombre la luz para poder hacer constar que ello viven en ea dirección y poder darse de alta también el padrón del Ayuntamiento de la localidad donde esté ubicado el inmueble ocupado.
Dependiendo del piso los ocupas ilegales pueden estar durante años o como mínimo 6 ó 8 meses tranquilamente. Si el inmueble es propiedad de un banco el trámite para echar a los ocupas puede durar años. En el caso que el piso o la casa sea de un particular puede tardar menos y trámite legal para obtener la orden judicial puede ser más ágil y rápido.
Pero en muchos casos no es así y puede llegar a ser un infierno para el propietario que tiene la vivienda ocupada haciéndose cargo de todos los gastos derivados de la ésta y sin tener en cuenta que muy probablemente tendrá que reformar parte del piso cuando estos ocupas sean expulsados de la vivienda. Si el trámite legal llega a buen puerto las consecuencias penales para los ocupas son mínimas quedando con mucha suerte en una simple multa administrativa que nunca llegarán a pagar. En cambio el propietario se enfrenta a unas grandes pérdidas que han ido acumulándose durante los meses que ha tenido el piso ocupado y luego con la consecuente inversión en las reformar y rehabilitación del piso. Este es un tema que poco o nada se ha avanzado para solucionarlo desde la política.